Paraguay: Por desinterés estatal, hay inestabilidad en precios de hortalizas

A pesar de que el problema se registra periódicamente, no existe un programa específico para los rubros que tienen un fuerte impacto en la alimentación diaria y en el bolsillo de la población.

En la última semana, los precios del tomate se dispararon, en algunos casos a G. 20.000 el kilo, haciendo que para muchos consumidores sea “incomprable” este alimento, lo que a su vez generó una intervención estatal. Sin embargo, hay estudios que revelan la causa de este comportamiento y la realidad de la producción frutihortícola en Paraguay.

Entre las hortalizas más consumidas por la población está el tomate, cuya producción nacional abastece solo el 45% del mercado, le sigue la cebolla con un 40%, mientras que el locote nacional cubre el 25% de la demanda y la papa apenas el 3%, de acuerdo a los datos del informe Con la Soja al Cuello 2023, de Base Investigaciones Sociales.

El autor del artículo, Víctor Imas, explica los factores que influyen en este comportamiento, además de las cifras de importación, que demuestran una alta dependencia hacia productos extranjeros. Lidera la lista la papa con una incidencia del 30%, le sigue la cebolla con un 29%, mientras que en tercer lugar está el tomate con un 17% de participación. Aunque la demanda además es cubierta por el contrabando.

Desde el momento en que los consumidores reducen su compra de tomate o dejan de adquirir, hay indicios de que las subas son excesivas y deben ser atendidas.

Para Sarah Zevaco, que hace investigaciones en el mismo centro que Imas y es autora del libro “Agroindustria o agricultura campesina: ¿De dónde viene lo que comemos?”, el control de un solo grupo empresarial hace que haya una presión de los intermediarios para que se abra la importación, lo que a su vez significa más posibilidad de ingreso de contrabando, afectando no solo a los pequeños productores, sino también a la población, que encuentra igualmente precios altos de los tomates extranjeros y una falta de calidad, teniendo en cuenta que los productores ilegales no pasan por los controles para determinar su origen e inocuidad.

Para atender la situación de los últimos días, propone “poner un tope a los precios porque se especula finalmente sobre los precios con la importación legal e ilegal”. “Eso significa también algún tipo de presupuesto puesto en la cadena y esto se tiene que justificar con que el tomate es un alimento”, manifestó.

Sobre el último punto, mencionó que debe haber una inversión estatal en las pequeñas fincas en infraestructura para la utilización de invernaderos y sistemas de riego, más aún con el impacto del cambio climático en la producción. A esto se suma la necesidad de reforzar la capacitación técnica de los trabajadores rurales, de manera a mejorar la calidad de las hortalizas.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería no cuenta con un programa específico para el rubro frutihortícola, como había propuesto en el 2019 la Federación Nacional Campesina.

Además, lejos de aumentar su apoyo a la agricultura familiar, ahora tendrá que disminuir su alcance por la reducción de su presupuesto en un 30%.

Para Zevaco, esto demuestra la poca consideración que hay hacia la producción de alimentos y al derecho a la alimentación.